En un reciente desarrollo legislativo, la Cámara de Diputados de México aprobó una nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta iniciativa, que también contempla reformas a nueve leyes relacionadas, representa un paso más en la tendencia de militarización de la seguridad pública que ha caracterizado al país durante las últimas dos décadas, en un contexto de creciente violencia e inseguridad. Esta aprobación sigue al traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ocurrido en septiembre.
Organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación han advertido que esta nueva ley implica un retroceso en materia de derechos humanos. Esto no solo se debe a los riesgos inherentes y ya demostrados de la militarización para abordar la violencia, sino también a otras disposiciones que se aprobarían, como el fortalecimiento de las labores de inteligencia en manos de las fuerzas armadas, que trascienden las funciones específicas de la Guardia Nacional.
La narrativa oficial ha negado que estas medidas constituyan una militarización, argumentando que esta ya ocurrió con el despliegue del Ejército en las calles desde 2006. Sin embargo, la literatura especializada considera el despliegue militar en tareas de seguridad pública como militarización directa, y a la vez, como solo uno de los múltiples rasgos de la militarización en un sentido más amplio.
La militarización indirecta se refiere a la asignación de labores civiles a las fuerzas armadas y la incorporación de lógicas castrenses en instituciones civiles. La creación de la Guardia Nacional con rasgos militares y su posterior traspaso a la Sedena son claros ejemplos de esta tendencia, al igual que la ampliación de facultades militares, sin importar cómo se las asocie al concepto de seguridad nacional.
Este proceso de fortalecimiento del papel de las instituciones castrenses no es privativo de un solo partido político, sino una dinámica sostenida durante cuatro administraciones presidenciales de distinto signo, que han otorgado a las instituciones militares un rol, recursos y una confianza superior a la dispensada a las instituciones civiles. Paralelamente, se ha difundido un discurso sobre la supuesta incorruptibilidad de los cuerpos castrenses, lo que constituye su principal fuente de legitimidad.
A los riesgos que entraña este proceso para el debilitamiento del ethos y la institucionalidad democrática del país, se suma su probada ineficacia como mecanismo de aseguramiento de la seguridad pública. A 19 años del despliegue de los cuerpos militares en labores de seguridad pública, el saldo es un incremento de territorios sin control institucional y una larga lista de casos donde la letalidad de la intervención de las fuerzas armadas ha aumentado la deuda estatal en acceso a la justicia.
Hechos recientes, como asesinatos de migrantes en Chiapas, jóvenes en Chihuahua y civiles en Nuevo Laredo, además de numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales o detenciones arbitrarias –especialmente contra migrantes–, demuestran la ineficacia de las fuerzas armadas como instrumento para la pacificación. Prueba de ello es que, en el sexenio anterior, la Guardia Nacional y la Sedena fueron de las instituciones con más quejas ante la CNDH.
Lo que está en juego no es solo la crisis de violencia, sino también la agenda de fortalecimiento democrático, promoción de los derechos humanos, pacificación y reconciliación social. Numerosas voces especializadas y organizaciones defensoras de víctimas y derechos humanos coinciden en que la ruta para una adecuada pacificación del país es contraria a la promovida por los últimos tres gobiernos federales, y que la actual administración profundiza con esta nueva reforma legal.
Para atender la crisis generalizada de violencia e inseguridad, es fundamental el fortalecimiento de las instituciones civiles, el cuidado, capacitación y profesionalización policial, la reforma de las fiscalías y el Ministerio Público para garantizar el efectivo acceso a la justicia, la adopción de estrategias de seguridad regionales basadas en el conocimiento profundo de los contextos específicos, un enfoque de prevención que aborde las causas estructurales de la violencia, y la limitación del uso de las fuerzas armadas de manera extraordinaria, estrictamente temporal y con los debidos controles institucionales, tanto internos como externos.
Tras diez horas de discusión, la bancada de Morena y sus aliados aprobaron la reforma a la Ley de la Guardia Nacional por 349 votos a favor y 132 en contra. Esta reforma armoniza su marco jurídico y reconoce a la Guardia Nacional como una Fuerza de Seguridad Pública Profesional integrada por personal militar con formación policial, que depende de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y cuya función es ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública elaborada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
La reforma también establece en el artículo 44, numeral III, una “licencia especial” que permite al personal de la Guardia Nacional asumir cargos de elección popular o desempeñar actividades civiles en dependencias del Ejecutivo Federal, gobiernos estatales o municipales, siempre que requieran separarse temporalmente de sus funciones de seguridad pública.
Adicionalmente, la reforma otorga a la Guardia Nacional atribuciones, previa autorización judicial, para tareas de investigación e inteligencia, así como para llevar a cabo operaciones encubiertas e intervenir comunicaciones privadas. La minuta será enviada al Senado de la República para su discusión en comisiones y en el Pleno de la Cámara Alta.
La oposición acusa que la reforma consolida la militarización del país. La diputada Laura Ballesteros (Movimiento Ciudadano) solicitó una moción suspensiva, argumentando que no se trata de un mero cambio administrativo, sino de una reforma que militariza la seguridad pública y la vida pública de México. La moción fue desechada.
Se presentaron más de 200 reservas, aunque solo se aprobaron tres: una de Morena para un cambio de redacción; otra del PVEM, que asigna a la Guardia Nacional la vigilancia de bosques para evitar delitos ambientales; y una del PT, que establece que la educación de la Guardia Nacional se orientará al conocimiento y aplicación en seguridad pública con enfoque de derechos humanos, interseccionalidad, género e interculturalidad.
Durante el debate, la diputada Graciela Ortiz González (PRI) afirmó que el dictamen consolida la militarización al entregar el mando, la operación y la estructura de la Guardia Nacional a la Sedena. Señaló que «militarizar la seguridad pública no garantiza más justicia ni menos violencia, sino que profundiza el debilitamiento de las policías civiles y las estructuras policiales, destruyendo el federalismo mexicano«.
Por su parte, la diputada Eva María Vásquez Hernández (PAN) resaltó que esta reforma no solo consolida la militarización, sino que también rompe los equilibrios democráticos, destruye la cadena de control civil y entrega el uso de la fuerza a una institución «sin contrapesos externos, opaca y sin rendición de cuentas ciudadanas». Afirmó que «lo que Morena prometió como una guardia civil hoy se consuma como un batallón bajo el mando de la Sedena con formación castrense, disciplina militar, justicia militar y ahora hasta funciones de inteligencia, intervención de comunicaciones, espionaje en tiempo real y operaciones encubiertas”.
Al final de la discusión, los ánimos se encendieron entre legisladores de la oposición y del PT, y al término de la sesión, los diputados oficialistas celebraron en la Tribuna, cantando «Las Mañanitas» con una manta que decía: “Feliz Cumpleaños, Presidenta”.
