Después de días de intensos disturbios, la calma ha regresado a Nepal con el nombramiento de Sushila Sarki como primera ministra interina. Sarki se convierte en la primera mujer en la historia del país en ocupar este cargo, un hito que marca un giro significativo.
La capital, Katmandú, que a inicios de semana fue escenario de violentas protestas, ha vuelto a la normalidad. El toque de queda se ha levantado, y los comercios y templos han reabierto sus puertas. La presencia de soldados y tanques se ha reducido, reflejando el retorno de la tranquilidad.
Los disturbios de principios de semana, que culminaron con la quema del Parlamento y la renuncia del ex primer ministro KP Sharma Oli, dejaron un saldo de al menos 51 muertos. La dura represión policial ordenada por Oli aceleró su salida del poder.
Primeras acciones de gobierno
A sus 73 años, y con una trayectoria como expresidenta del Tribunal Supremo, Sarki ha asumido el compromiso de restaurar el orden y luchar contra la corrupción, una de las principales exigencias de los manifestantes. Su primer acto oficial fue visitar a los heridos en los hospitales, un gesto que fue bien recibido por la población como símbolo de cambio.
En paralelo, el presidente Ramchandra Paudel disolvió el Parlamento y convocó a elecciones anticipadas para el 5 de marzo de 2026. El nombramiento de Sarki fue el resultado de negociaciones entre el jefe del Ejército, el presidente y representantes del movimiento de jóvenes conocido como la «Generación Z», que ha tenido un papel clave en las movilizaciones.
Expectativas y desafíos
Muchos ciudadanos, como Suraj Bhattarai y la joven Durga Magar, tienen grandes expectativas. Coinciden en que la principal tarea de la nueva líder es enfrentar la corrupción y el desempleo juvenil, que afecta a más del 20% de la población de entre 15 y 24 años. La situación económica del país es delicada, con un PIB per cápita de apenas 1,450 dólares, lo que añade urgencia a las reformas.
Además de estabilizar el país, Sarki enfrenta el desafío inmediato de recapturar a 12,500 presos que se fugaron de las cárceles durante el caos de las protestas.
