El Senado de la República avaló en lo general la reforma a la Ley de Aguas Nacionales en la noche del jueves, luego de que la iniciativa fuera aprobada horas antes por la Cámara de Diputados en una maratónica sesión.
Con 85 votos a favor de la coalición oficialista y 36 en contra de la oposición, el Pleno aprobó el dictamen enviado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo objetivo principal es reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Aguas para garantizar el derecho humano al agua y devolver el recurso a la Nación como bien estratégico.
Posturas a favor y en contra
Durante la discusión, el senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, defendió el proyecto, asegurando que su enfoque central son las personas, no los grandes acaparadores. El legislador argumentó que la reforma crea un «trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente», y sostuvo que la nueva legislación es la principal aliada de los productores y campesinos de México, pues «elimina la visión mercantilista del agua y la regresamos a su dueño legítimo, que es el pueblo de México».
En contraste, la senadora del PAN, Verónica Rodríguez Hernández, criticó duramente la reforma, señalando que convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Rodríguez Hernández alertó que la ley otorga al Gobierno Federal la potestad de decidir «de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar», lo que considera peligroso para la democracia, la seguridad alimentaria y las familias mexicanas.
Las modificaciones aprobadas
La reforma había sido aprobada previamente por la Cámara de Diputados con 324 votos a favor, 118 en contra y dos abstenciones. En el proceso, se sumaron un total de 68 reservas, de las cuales 18 fueron presentadas por el diputado Ricardo Monreal Ávila, con el fin de atender demandas de los productores.
El diputado Carlos Puente Salas, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), explicó que las reservas buscan clarificar que las concesiones y asignaciones de agua podrán ser transmitidas, heredadas o vendidas.
Además, se establecieron límites, mínimos y máximos, a las sanciones económicas, reservando las multas más cuantiosas para conductas graves como daños ambientales significativos, la extracción ilegal a gran escala, el desvío de aguas nacionales o la contaminación de cuerpos de agua. Entre las modificaciones más relevantes, se añadió un nuevo capítulo para que los delitos contra las aguas nacionales sean perseguidos de oficio.
