El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, denunció formalmente el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores, calificando el hecho como una transgresión directa a la inmunidad personal absoluta que otorgan los estatutos de la Corte Internacional de Justicia.
Según el titular del Ministerio Público, esta acción busca quebrar la gobernabilidad y la soberanía del país, enmarcándose en una serie de agresiones que contravienen el Estatuto de Roma y la Carta de las Naciones Unidas, la cual prohíbe explícitamente el uso de la fuerza contra cualquier Estado.
Denuncias de agresión militar y tecnológica
Durante su pronunciamiento, Saab vinculó estos sucesos con los ataques registrados el pasado 3 de enero, los cuales describió como una «acción de guerra» tecnológica que habría provocado entre 100 y 120 víctimas mortales, incluyendo efectivos militares.
El fiscal estableció un paralelismo histórico con la intervención en Panamá, señalando que las tácticas actuales evocan operaciones de «falsa bandera». Asimismo, rechazó la existencia del denominado «Cartel de los Soles», calificándolo como una fabricación de inteligencia externa diseñada desde la década de los noventa para socavar la institucionalidad venezolana.
El funcionario enfatizó que las sanciones y bloqueos solicitados por sectores de la oposición constituyen un «crimen de agresión» bajo el derecho internacional. En contraposición a las acusaciones de narcotráfico, Saab sostuvo que la ONU reconoce el desempeño de Venezuela en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas.
Finalmente, criticó el papel de diversas ONGs nacionales e internacionales por difundir narrativas que, a su juicio, justifican estas intervenciones, e instó a la comunidad global a garantizar que el derecho internacional se convierta en una «letra viva» para asegurar la paz en la región.
