El informe “El precio de disentir: Criminalización y persecución política en El Salvador 2019-2025”, presentado por la ONG Cristosal este 5 de marzo en Guatemala, documenta que 245 personas han sido víctimas de persecución política por ser consideradas voces críticas al Estado.
La organización, que debió trasladar su sede fuera del país tras el cierre de sus operaciones por amenazas estatales, advierte que la cifra podría ser mayor debido al subregistro y la falta de acceso a información pública. El estudio analiza modalidades de represión que incluyen la persecución extrajudicial y el uso del derecho penal para neutralizar la disidencia, calificando la situación actual como una estrategia de «eliminación política y social».
Patrones de criminalización y captura institucional
La investigación revela un acelerado deterioro democrático mediante la captura institucional, donde el aparato judicial es utilizado como una herramienta punitiva. Según Cristosal, siete de cada diez víctimas enfrentaron procesos de criminalización, evidenciando un uso sistemático del poder del Estado para silenciar a quienes no se alinean con las posturas gubernamentales.
Entre los casos más emblemáticos citados figuran la muerte bajo custodia de Alejandro Muyshondt, el encarcelamiento del exalcalde Ernesto Muyshondt y el hostigamiento a periodistas como Carolina Amaya y Víctor Barahona.
Grupos vulnerables y el impacto del Régimen de Excepción
El sector más afectado por estas hostilidades es el de personas con protección internacional especial (60,4 % del total), que incluye a defensores de derechos humanos, periodistas, líderes indígenas y operadores de justicia.
El informe sostiene que el Régimen de Excepción, vigente desde 2022, ha facilitado la instauración de un “derecho penal del enemigo”, eliminando garantías fundamentales como la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. Esta medida ha permitido reformas legales que desnaturalizan el sistema penal adoptado tras los Acuerdos de Paz.
Demandas internacionales y reparación
Ante la confirmación de la existencia de presos políticos, Cristosal exige al Estado salvadoreño el cese inmediato de la persecución y la implementación de una reparación integral para las víctimas. Asimismo, instan al Gobierno a garantizar la independencia judicial y permitir la supervisión de organismos internacionales como la ONU y la CIDH para verificar las denuncias de violaciones a los derechos humanos y asegurar la rendición de cuentas.
