La Intersindical de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación del Paraguay, organización que aglutina a los principales gremios del sector, ha declarado un paro total de clases por 48 horas y una movilización masiva en todo el territorio nacional. La medida de fuerza, que surge apenas dos semanas después del inicio del ciclo lectivo, responde al rechazo frontal contra el proyecto de reforma del sistema de jubilaciones públicas impulsado por el Poder Ejecutivo.
El magisterio nacional ha manifestado una desconfianza generalizada ante la posibilidad de que la Cámara de Senadores adelante de forma sorpresiva el tratamiento y la aprobación de la versión de la ley de Diputados, la cual consideran lesiva para sus derechos adquiridos.
El plan de acción contempla concentraciones estratégicas en la capital, teniendo como epicentros la Plaza de la Democracia y la Plaza Uruguaya, mientras que en el interior del país se han convocado movilizaciones en los principales cruces y cabeceras departamentales.
Los líderes sindicales, entre ellos Gabriel Espínola (OTEP-A) y Silvio Piris, han reportado un altísimo nivel de acatamiento a la huelga y han advertido que la medida podría extenderse hasta el jueves, dependiendo de los movimientos legislativos en el Congreso Nacional. La consigna gremial, «Néike lomitā, japáyke ha jaku’e kyhyje’ỹre», resume el llamado a la vigilancia permanente ante lo que califican como una amenaza a la estabilidad financiera de los trabajadores estatales.
Ante la magnitud de las protestas, la Policía Nacional ha desplegado un fuerte operativo de seguridad en las inmediaciones del Congreso y diversos puntos de Asunción. El dispositivo busca garantizar la integridad de los manifestantes y el orden público, mientras el sector educativo permanece en alerta máxima a la espera de definiciones en la Cámara Alta.
El conflicto se intensifica tras la reciente postergación indefinida (sine die) del estudio de la ley, una maniobra que los gremios interpretan como una estrategia de distracción previa a una votación repentina que afectaría la sostenibilidad de la Caja Fiscal.
