Homicidio, violación y terrorismo: Los únicos delitos castigados con cadena perpetua.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, consolidó su estrategia de seguridad mediante una reforma constitucional que instaura la cadena perpetua para los delitos de homicidio, violación y terrorismo. La enmienda, aprobada por mayoría absoluta en el Congreso, elimina el tope anterior de 60 años de prisión, buscando que los cabecillas y miembros de estructuras criminales permanezcan recluidos de por vida.
Esta medida se implementa en el contexto de un país que ya ostenta la mayor tasa de encarcelamiento a nivel mundial, con aproximadamente 1,700 presos por cada 100,000 habitantes.
Implementación y Postura Gubernamental
La reforma fue ratificada apenas horas después de su presentación por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien reafirmó una «guerra sin cuartel» contra las pandillas. Desde la Presidencia se sostiene que la reinserción social no es viable para estos grupos, argumentando que la pertenencia a las maras es un «delito continuado» que solo finaliza con la muerte. Bajo el régimen de excepción, vigente desde hace casi cuatro años, las autoridades han detenido a más de 91,500 personas sin orden judicial previa.
Pese a la reducción histórica de homicidios, organismos como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional denuncian graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo tortura, desapariciones forzadas y juicios masivos.
Expertos legales advierten que las prisiones podrían convertirse en «pozos humanos» y cuestionan la falta de claridad sobre la retroactividad de la ley. Por su parte, el gobierno rechaza estas acusaciones, calificando a las oenegés como «bufetes del crimen» y defendiendo su modelo como la única vía para desarticular definitivamente a la Mara Salvatrucha y el Barrio 18.
