Un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha revelado la existencia de cuatro investigaciones fundamentadas por abuso y explotación sexual que involucran a miembros de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) en Haití.
Estas denuncias, validadas por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, implican a personal de la fuerza militar liderada por Kenia y respaldada por Estados Unidos, destacando que tres de las víctimas eran menores de edad, incluyendo un caso crítico de un niño de solo 12 años.
La gravedad de estos hallazgos se suma al complejo panorama de impunidad en el país, ya que la misión no opera bajo la supervisión directa de la ONU, lo que ha obligado a remitir los casos a la propia MSS y a su sucesora, la Fuerza de Represión de Pandillas (GSF), para el inicio de procesos correctivos.
Este escenario evoca antecedentes sombríos de mala conducta internacional en la isla, como los abusos cometidos por los Cascos Azules tras el terremoto de 2010, reforzando la exigencia de expertos como William O’Neill sobre la necesidad de investigaciones independientes y cero impunidad para las víctimas.
En términos operativos, la misión del MSS es calificada como un fracaso debido a la escasez de fondos y personal, factores que permitieron a las bandas armadas mantener el control de gran parte de Puerto Príncipe y provocar la muerte de 2,680 personas solo en los primeros meses de 2024.
El traspaso de mando a la GSF ocurre en un contexto de crisis humanitaria extrema, donde el desplazamiento de más de 1.3 millones de civiles y el cierre de hospitales estratégicos por la violencia demuestran que, pese a la intervención extranjera, la inseguridad y el asedio de las pandillas permanecen inalterables.
