La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuestionó con dureza la asimetría en la cooperación judicial bilateral con Estados Unidos, al revelar que ninguna de las 269 solicitudes de extradición presentadas por la justicia mexicana desde 2018 ha derivado en la entrega de los requeridos.
Durante su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional, la mandataria enfatizó que la relación diplomática debe regirse bajo un principio estricto de reciprocidad equivalente al trato expeditivo que la administración de Washington recibe cuando reclama delincuentes en territorio mexicano.
Radiografía de los expedientes archivados y perfiles de alta prioridad
El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, desglosó el estado de los 269 requerimientos formales emitidos entre el 1 de enero de 2018 y el 13 de mayo de 2026. El balance oficial detalla el siguiente estado de los casos:
- 233 solicitudes continúan en trámite ante las instancias estadounidenses.
- 36 peticiones fueron rechazadas de manera definitiva por Washington.
- De los expedientes activos, 183 corresponden a solicitudes formales y 50 son órdenes de detención provisional, de las cuales EE. UU. ha exigido información complementaria en 47 casos.
El Ejecutivo federal precisó que dentro de la lista de requerimientos congelados se encuentran personajes considerados de alta prioridad para la seguridad nacional, vinculados a redes de delincuencia organizada, lavado de dinero, trata de personas y violaciones a los derechos humanos.
Entre los perfiles más destacados figura el ex-gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, investigado por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Asimismo, se encuentran personas ligadas a megasistemas de facturación irregular y prófugos clave del caso Ayotzinapa, como José Ulises “N” y Pablo “N”, alias “El Transformer”, presunto integrante del cartel Guerreros Unidos.
SRE defiende el rigor del tratado bilateral frente a los retrasos
Ante las fricciones políticas, la Cancillería mexicana aclaró que el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos contempla filtros jurídicos e institucionales complejos que impiden resoluciones arbitrarias. El canciller Velasco argumentó que todo proceso demanda una rigurosa evaluación diplomática de la SRE, un análisis técnico de la Fiscalía General de la República (FGR) y una validación final de jueces federales, quienes exigen que cada expediente acredite fehacientemente la existencia de una orden de aprehensión vigente y el cumplimiento de las garantías procesales.
Pese a los tecnicismos legales, la postura de la administración de Sheinbaum se mantiene firme en la arena diplomática. El Gobierno mexicano ratificó que no busca vulnerar la soberanía jurídica de los tribunales estadounidenses, sino erradicar la inacción frente a casos de alto impacto que obstruyen el acceso a la justicia y perpetúan la impunidad de exfuncionarios y líderes de organizaciones criminales que se refugian en el país vecino.
