La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma constitucional para permitir la reelección indefinida y extender el período presidencial a seis años. La propuesta, ratificada en dos sesiones plenarias, fue aprobada con 57 votos de la bancada oficialista de Nuevas Ideas y sus aliados.
Cambios en la Constitución
Las reformas eliminan varias prohibiciones de la Constitución:
- Se elimina la disposición del artículo 75 que sancionaba a quienes promovieran o apoyaran la reelección presidencial.
- El artículo 152 fue modificado para permitir la candidatura de quienes hayan ocupado la presidencia en el período anterior. Esta reforma es clave, ya que la anterior prohibición fue reinterpretada por una sala de lo constitucional para permitir la reelección del actual mandatario, Nayib Bukele.
- El artículo 154 ahora establece que el periodo presidencial será de seis años, y se adelanta el final del periodo actual a 2027 para que las elecciones presidenciales coincidan con las municipales y legislativas.
La reforma ha generado un fuerte debate entre los legisladores. Mientras la diputada Suecy Callejas de Nuevas Ideas defendió la medida argumentando que no busca la perpetuidad en el poder, la oposición la criticó duramente. El diputado Francisco Lira de Arena comparó la situación con el inicio del fujimorismo en Perú, mientras que la diputada Marcela Villatoro señaló que la democracia está siendo «desmantelada» en el país.
Agresiones a la prensa en 2025
El debate sobre la democracia en El Salvador ocurre en un contexto de creciente preocupación por la libertad de prensa. La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) ha registrado 314 agresiones contra periodistas entre enero y julio de 2025. Solo entre mayo y mediados de julio, se reportaron 180 agresiones, siendo el acoso, el acoso digital y la intimidación los tipos más frecuentes.
La APES y la Red Centroamericana de Periodistas han denunciado un «grave deterioro» del ejercicio periodístico en el país, lo que ha provocado el exilio de cerca de 40 profesionales por razones de seguridad. Ambas organizaciones denuncian una «política sistemática de hostigamiento desde el poder» y hacen un llamado urgente a detener la persecución contra quienes ejercen el periodismo.
