Con la promulgación de un nuevo Código Penal, la República Dominicana deja atrás un marco normativo que regía desde 1884. El presidente Luis Abinader firmó la ley, que entrará en vigencia en agosto de 2026.
Cambios y novedades
El nuevo código, conocido como Ley 74-25, tipifica delitos que no estaban contemplados en la legislación anterior, tales como:
- Feminicidio y sicariato.
- Delitos cibernéticos como el ciberbullying y la difusión de deepfakes con fines de chantaje.
- Violencia económica e instigación al suicidio.
- Estafa piramidal e intermediación financiera no regulada.
- Crímenes de lesa humanidad y genocidio.
- Desaparición forzada.
- Delitos con dolo eventual y culpa consciente.
- Daños por dopaje, autosecuestro, falsa denuncia y obstrucción de justicia.
- Aumento de la pena por violación sexual dentro del matrimonio o en relaciones de pareja.
Además, el código permite el cúmulo de penas por varios delitos, eleva la pena máxima de prisión a 40 años y crea medidas sociojudiciales para la reinserción social.
La nueva ley también contempla la responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo que permite sancionar a empresas por actos negligentes de sus representantes. Se establecen órdenes de protección más robustas para las víctimas de violencia de género y se fortalece la lucha contra la corrupción administrativa, con plazos de prescripción más amplios y sanciones más severas. Asimismo, se extienden los plazos de prescripción de delitos sexuales contra menores de edad y personas vulnerables hasta 30 años después de que la víctima cumpla la mayoría de edad.
Un enfoque preventivo y moderno
Según la Presidencia de la República, el nuevo código incorpora un enfoque preventivo y resocializador, y considera que la seguridad ciudadana es una responsabilidad compartida.
“Esta actualización dota al sistema penal dominicano de herramientas modernas para enfrentar la criminalidad en todas sus formas, incluyendo la delincuencia organizada, y garantizar la protección efectiva de las víctimas, en consonancia con los principios de un Estado social y democrático de derecho”, señala el comunicado oficial.