La Unión Europea (UE) avanza en su plan para utilizar los activos financieros rusos congelados para financiar a Ucrania, una iniciativa que encuentra resistencia en Bélgica y genera advertencias directas desde Moscú.
La Comisión Europea busca utilizar la mayor parte de los €210.000 millones en reservas rusas para garantizar un crédito de unos €90.000 millones a Kiev, destinado a cubrir necesidades civiles y militares durante 2026 y 2027.
La presión recae principalmente sobre Bélgica, país que alberga la mayor parte de este capital congelado, unos €185.000 millones. El Gobierno belga se resiste a la propuesta, temiendo que una eventual reclamación rusa exitosa en tribunales internacionales obligue al país a devolver sumas que desestabilizarían gravemente su presupuesto, dada su ya considerable deuda pública.
La escalada de advertencias Rusas
La respuesta de Moscú ha sido contundente. El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev, elevó la tensión al advertir que si la UE procede con la transferencia de estos activos, Rusia lo considerará un casus belli (motivo de guerra).
Esta declaración se produce pocos días después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, afirmara que su país está listo para un conflicto bélico con Europa.
El Ministerio de Exteriores ruso ha anunciado que preparan «un paquete de medidas de represalia en caso de que se produzca el robo e incautación de los activos», subrayando que «cualquier acción ilegal… no quedará sin respuesta».
El propio Medvédev, reconocido como «jurista del año» en Rusia, sugirió que la devolución de estos fondos a Europa podría producirse «mediante reparaciones reales pagadas en especie por los enemigos de Rusia derrotados», minimizando la vía legal.
Resistencia Belga y apoyo Alemán
A pesar de las garantías ofrecidas por la Comisión Europea para compartir el riesgo comunitario, Bélgica insiste en rechazar la opción de la incautación, prefiriendo un préstamo garantizado con el presupuesto general de la UE. El primer ministro belga, Bart De Wever, ha sido claro: «Bélgica nunca aceptará asumir a solas los riesgos de una operación así», una postura que ha recibido amplio apoyo en su Parlamento.
La cautela belga también se fundamenta en la preocupación por colocarse en la primera línea del choque con Moscú, recordando incidentes recientes como la cancelación de vuelos por avistamientos de drones atribuidos a un «actor estatal».
En contraste, la mayoría de los socios de la UE, con Alemania a la cabeza, apoyan firmemente el plan de utilizar los activos rusos. El canciller alemán, Friedrich Merz, ha publicado un artículo defendiendo esta salida y ha abogado por compartir los riesgos financieros «colectivamente», argumentando que es inaceptable que un solo país, en clara referencia a Bélgica, soporte una carga desproporcionada.
Merz viajará a Bruselas para reunirse con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el primer ministro De Wever, en un intento por convencer al líder belga de apoyar la medida.
La posición de Rusia es vista como contradictoria por la UE, dado que Moscú ya ha procedido a confiscar bienes y activos a más de un centenar de grandes firmas europeas.
Desde el inicio de la invasión en 2022, Rusia ha revertido la venta y entregado el control de instalaciones de empresas, incluyendo a la alemana Wintershall Dea, cuyo reclamo por unos €7.500 millones ha sido rechazado por un tribunal de arbitraje de Moscú, que se declaró «incompetente» para acatar resoluciones internacionales.
