El despliegue de las fuerzas de seguridad en Guatemala bajo el estado de sitio ha resultado en la captura de 293 personas durante sus primeras 72 horas de vigencia, según informó el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda. La medida de excepción, decretada por el presidente Bernardo Arévalo de León y ratificada por el Congreso, responde a una ola de violencia desatada por la pandilla Barrio 18, que incluyó motines carcelarios y ataques coordinados que cobraron la vida de diez agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Balance operativo y decomisos
Los operativos iniciaron con fuerza el domingo 18 de enero con la detención de 135 personas, incluyendo a 23 presuntos pandilleros implicados en los atentados. La ofensiva continuó el lunes con 116 arrestos y el martes con 42 adicionales. Además de las capturas, las autoridades reportaron la incautación de 37 armas de fuego y la recuperación de 205 motocicletas y 73 vehículos. Estas acciones se concentran en zonas de alta influencia criminal de la capital, donde patrullajes combinados del Ejército y la PNC mantienen una vigilancia permanente.
El origen del conflicto se sitúa en la cárcel de máxima seguridad Renovación 1, en Escuintla, donde fuerzas especiales retomaron el control y neutralizaron a cabecillas como Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias «el Lobo». Villeda enfatizó que el sistema penitenciario enfrenta un hacinamiento del 340%, calificándolo como una prioridad crítica para la seguridad nacional. Los motines y ataques fueron una represalia de las estructuras criminales ante la pérdida de privilegios y el traslado de sus líderes.
Alcance legal y garantías del estado de sitio
La medida excepcional, vigente hasta el 16 de febrero de 2026, faculta a las autoridades para realizar detenciones e interrogatorios sin orden judicial, además de limitar temporalmente los derechos de reunión.
No obstante, el decreto ratificado por el Legislativo establece salvaguardas para evitar la persecución política y garantiza la continuidad de actividades culturales y procesos de elección de segundo grado. El Gobierno ha reafirmado que el objetivo es restablecer el orden público bajo criterios de necesidad y proporcionalidad.
