A partir del 1 de marzo de 2026, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) oficializó el incremento de la tasa de seguridad al 50 % para las importaciones originarias de Colombia. Esta medida, que anteriormente se situaba en el 30 %, busca robustecer el control aduanero y la seguridad nacional, garantizando la fiscalización frente a la actual crisis logística y fronteriza.
Detalles de la Resolución SENAE-2026-0017-RE
La normativa estipula que las mercancías deberán someterse a canales de aforo físico, documental o no intrusivo. No obstante, existen excepciones estratégicas que no pagarán esta tasa:
- Regímenes especiales: Admisión temporal, reimportación en el mismo estado, tránsito aduanero y transbordo.
- Sectores críticos: Importaciones de petróleo, generación eléctrica y bienes para el sector público.
- Tarifa 0 % por ley: Efectos personales, menajes de casa, donaciones de socorro, féretros y bienes importados por el Estado o entidades como Solca y la Junta de Beneficencia.
- Salud y Discapacidad: Aparatos médicos, ayudas técnicas y órganos biológicos humanos.
Postura del Gobierno: Cifras y Justificación Económica
El presidente Daniel Noboa defendió la medida como una respuesta necesaria al «descuido absoluto» de la frontera por parte de Colombia, señalando un costo de USD 400 millones anuales para Ecuador. El mandatario destacó indicadores positivos tras la implementación de aranceles:
Seguridad: Reducción del 33,3 % en muertes violentas en provincias fronterizas (Carchi, Sucumbíos y Esmeraldas).
Balanza Comercial: Salto de un déficit de USD 90 millones en 2025 a un superávit de USD 30 millones en febrero de 2026.
Recaudación: La tasa ha generado ingresos por USD 13 millones hasta la fecha.
Empleo y Sector Productivo: El empleo creció dos puntos porcentuales y sectores como la construcción y el transporte (18,4 %) muestran un repunte significativo.
Relaciones Binacionales y Contingencia en Transporte
Noboa criticó la falta de reciprocidad de Colombia, recordando que mientras Ecuador vendió energía a precios mínimos en 2017, el vecino país la vendió a 28 centavos por kilovatio/hora en 2024. Sobre la posible demanda ante la Comunidad Andina (CAN), el Ejecutivo considera que la demanda colombiana se «anula» al ellos aplicar tasas similares.
Ante la amenaza de paralización de transportistas en Carchi, el ministro Roberto Luque busca alternativas comerciales hacia Perú, Bolivia y Brasil a través de la ALADI, con el fin de diversificar las rutas de exportación y reducir la dependencia del mercado colombiano.
