La Cámara de Diputados de México aprobó este martes reformas constitucionales que establecen la prohibición total del uso, venta y distribución de vapeadores y cigarrillos electrónicos en todo el territorio nacional.
La nueva legislación, que reforma la Ley General de Salud, impone severas sanciones, incluyendo penas de prisión de hasta ocho años por la venta de estos dispositivos. La medida, que contó con 324 votos a favor y 129 en contra, se deriva de una iniciativa enviada por la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y reconoce al vapeo como una amenaza directa a la salud pública.
Alcance de la prohibición y sanciones
El dictamen prohíbe explícitamente la adquisición, producción, fabricación, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, distribución, venta y suministro de estos sistemas. Además, veta «todos los actos de publicidad o propaganda» para su consumo. La reforma define estos dispositivos como cualquier aparato o sistema mecánico o electrónico que se utilice para calentar, vaporizar o atomizar «sustancias tóxicas, con o sin nicotina, diferentes al tabaco, susceptibles de ser inhaladas.»
Las sanciones económicas por la venta ilegal serán multas que oscilan entre 100 y 2,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a un rango de 11,314 pesos a 226,280 pesos (aproximadamente 621 a 12,430 dólares). El objetivo de la iniciativa, según el Legislativo, es «disminuir la dependencia a su uso, proteger a grupos vulnerables y asegurar el pleno respeto del principio de precaución en la gestión de riesgos sanitarios.» La reforma también aprovecha para ampliar las facultades de la Secretaría de Salud en temas como la planeación de infraestructura sanitaria y el abasto de medicamentos.
Controversia y críticas de la oposición
Durante la discusión legislativa, la iniciativa generó fuertes críticas por parte de la oposición, que argumentó que la prohibición total podría tener consecuencias no deseadas. Diputados opositores acusaron al oficialismo de «abrirle la puerta» al crimen organizado para monopolizar el negocio de los productos de vapeo.
«No regular un producto que la gente ya consume es igual a más mercado negro y más dinero para los narcos, que ahora este diciembre gracias a Morena (partido gobernante) van a recibir su aguinaldo,» expuso la diputada Iraís Reyes, de Movimiento Ciudadano. La legisladora también calificó de «hipócritas» a sus colegas oficialistas, señalando que los ha visto consumir vapeadores. Esta preocupación por el mercado negro ha sido compartida por organizaciones y especialistas, quienes ya habían advertido en meses anteriores sobre el crecimiento alarmante de la venta ilegal de vaporizadores y cigarros en México.
