El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, oficializó este jueves un paquete de medidas diseñado para frenar el traslado del aumento internacional del crudo, impulsado por las tensiones en Medio Oriente, hacia la economía local. El objetivo central del Ejecutivo es blindar el precio del diésel para evitar una reacción en cadena que encarezca el transporte de carga y, por consecuencia, los alimentos que integran la canasta básica familiar.
Estrategia de exoneración fiscal y subvenciones controladas
El Gobierno brasileño ha optado por una maniobra de alivio tributario mediante un decreto que elimina las alícuotas de impuestos sobre la importación y comercialización de diésel. Según las proyecciones del Ministerio de Hacienda, esta medida generará una reducción directa de 0.32 reales por litro en las refinerías.
Complementariamente, se ha establecido un sistema de subvenciones para productores e importadores, cuya vigencia estará estrictamente condicionada a que las empresas demuestren que el beneficio económico se traslada de forma efectiva al precio final pagado por el consumidor.
Para garantizar el equilibrio de las finanzas públicas, el programa se financiará con un nuevo impuesto extraordinario a la exportación de petróleo, el cual tendrá una alícuota del 12%. El ministro Fernando Haddad explicó que esta herramienta busca captar parte de las ganancias extraordinarias que las petroleras obtienen gracias a los altos precios internacionales.
Se estima que la recaudación por este tributo ascenderá a 30,000 millones de reales, cifra suficiente para cubrir los costos de la exoneración del diésel y las subvenciones programadas para el año 2026.
A pesar de la magnitud de la intervención fiscal, el paquete no modifica la política de precios de Petrobras, permitiendo que la estatal mantenga sus criterios operativos actuales. El enfoque del Estado se concentrará en la fiscalización rigurosa para impedir prácticas especulativas en la cadena de distribución.
De esta manera, el gobierno busca amortiguar la volatilidad externa sin intervenir directamente en la gestión de la petrolera, asegurando que el costo de la guerra no afecte el poder adquisitivo de los transportistas ni el acceso a productos esenciales para la población.
